El diario estadounidense advierte que las nuevas reglas impulsadas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum podrían otorgar demasiado poder al Estado sobre los contenidos de radio y televisión; el Gobierno rechaza las acusaciones y asegura que no pretende decidir qué es verdad.

La discusión sobre los llamados derechos de las audiencias en México cruzó la frontera. Este lunes 17 de agosto, The Wall Street Journal publicó una columna de Mary Anastasia O’Grady en la que advierte que las nuevas reglas promovidas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum podrían convertirse en un mecanismo de censura y representar un nuevo deterioro del pluralismo democrático en el país.

Bajo el título “Sheinbaum Moves to Gag Mexico’s Media” —“Sheinbaum avanza para amordazar a los medios de México”—, la columnista sostiene que, aunque la presidenta ha presentado la regulación como una herramienta para proteger a los ciudadanos frente a información falsa, el problema aparece cuando una autoridad gubernamental adquiere facultades para intervenir en controversias relacionadas con lo que los medios transmiten.

La polémica tiene su origen en los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El documento se encuentra actualmente en consulta pública, un proceso que comenzó el 27 de julio y concluirá el próximo 21 de agosto de 2026.

Entre los derechos contemplados se encuentra que las audiencias reciban información “veraz y oportuna”, que puedan distinguir entre información noticiosa y opinión y que exista una separación clara entre publicidad y contenido editorial. La propuesta también plantea que los medios eviten difundir información falsa o descontextualizada y que no presenten hechos del pasado como si fueran acontecimientos actuales.

Es precisamente ahí donde se encuentra uno de los principales puntos de conflicto.

Representantes de la industria, periodistas y especialistas han advertido que conceptos como “información falsa”, “descontextualizada” o incluso la obligación de separar información y opinión pueden resultar subjetivos si una autoridad administrativa termina interviniendo en su interpretación. Entre los cuestionamientos también aparece la posibilidad de que la CRT revise controversias relacionadas con las defensorías de las audiencias.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) ha cuestionado especialmente la redacción del proyecto y ha advertido sobre la posibilidad de multas que podrían alcanzar hasta 1% de los ingresos anuales acumulables de concesionarios o programadores. Sus críticos consideran que una regulación formulada de manera ambigua podría provocar autocensura: que periodistas y empresas decidan evitar determinados contenidos ante el temor de enfrentar procedimientos administrativos.

Sheinbaum rechaza que el Gobierno vaya a decidir “la verdad”

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado reiteradamente esa interpretación.

Después de que la controversia creciera, la mandataria aseguró que los lineamientos buscan fortalecer el derecho ciudadano a la información y no establecer mecanismos para censurar medios. El Gobierno sostiene que las empresas conservarán su libertad editorial y deberán contar con sus propios códigos de ética y defensores de las audiencias.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, también ha señalado que el Estado no determinará qué información es verdadera o falsa, pues corresponderá a los propios medios establecer, mediante sus códigos de ética, los procedimientos para garantizar la calidad de su información.

Además, Alcalde aseguró que las sanciones previstas estarían relacionadas con incumplimientos administrativos —como no contar con un código de ética, no designar un defensor de las audiencias o no establecer mecanismos para recibir quejas— y no directamente con el contenido de las publicaciones o transmisiones.

Sin embargo, la controversia no ha desaparecido. Analistas han señalado que la redacción original permite interpretaciones más amplias y que debería modificarse expresamente para impedir que una autoridad pueda sancionar indirectamente contenidos periodísticos. Incluso análisis favorables a reconocer los derechos de las audiencias consideran problemático que la resolución final de algunas controversias pueda terminar en manos de una Comisión cuya independencia frente al Gobierno ha sido cuestionada.

El WSJ vincula la discusión con la concentración de poder de Morena

The Wall Street Journal lleva la discusión más lejos. O’Grady interpreta la controversia no como un conflicto regulatorio aislado, sino como parte de un proceso de concentración del poder iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuado, según su argumento, durante la administración de Claudia Sheinbaum.

La columna sostiene que el debilitamiento del pluralismo mexicano comenzó durante el sexenio de López Obrador y advierte que otorgar al Estado nuevos instrumentos de intervención sobre los medios podría incrementar esa tendencia. Se trata, cabe precisar, de la postura editorial de una columnista del WSJ y no de una determinación jurídica de que los nuevos lineamientos constituyan censura.

El debate en México, de hecho, presenta dos posiciones claramente enfrentadas.

Por un lado, quienes respaldan los derechos de las audiencias sostienen que radio y televisión utilizan un bien público —el espectro radioeléctrico— y que los ciudadanos tienen derecho a exigir transparencia, diferenciación entre noticias y opiniones, códigos de ética y mecanismos para reclamar ante información incorrecta. Los derechos de las audiencias tampoco nacieron con Sheinbaum: tienen antecedentes en la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013 y en regulaciones posteriores.

Por otro, sus críticos argumentan que proteger esos derechos no debe significar entregar a una autoridad vinculada al Ejecutivo facultades ambiguas para evaluar conceptos relacionados con veracidad, contexto o pluralidad, especialmente cuando existen sanciones económicas de por medio.

La diferencia entre ambas posiciones se resume en una pregunta que seguirá abierta mientras continúa la consulta pública: ¿cómo proteger a las audiencias frente a la desinformación sin convertir al Estado en árbitro del periodismo?

La respuesta dependerá en buena medida de la versión definitiva de los lineamientos que emita la CRT después del 21 de agosto. Hasta entonces, afirmar que el Gobierno ya puede censurar o sancionar cualquier información que considere falsa sería incorrecto; pero también sería impreciso sostener que las preocupaciones surgieron de la nada, pues la propia redacción sometida a consulta ha generado cuestionamientos sobre el alcance de las facultades regulatorias.