Ernestina Godoy aprovechó la ceremonia de la FGR por el 15 de septiembre para pronunciar un discurso que, visto frente a los escándalos que rodean al oficialismo, termina exhibiendo una enorme contradicción.

“Defender a México significa combatir la corrupción, hacer valer la ley y asegurar que los recursos y las instituciones de la nación estén al servicio de todas y todos los mexicanos”, afirmó la fiscal. También sostuvo que investigar los delitos y llevar ante la justicia a quienes quebrantan la ley son formas de defender la soberanía.

El problema para Godoy comienza cuando esos principios dejan el templete y se confrontan con los nombres que incomodan a Morena.

Durante los últimos meses han surgido denuncias, investigaciones periodísticas y cuestionamientos públicos relacionados con personajes del círculo más cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos sus hijos Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, además del senador Adán Augusto López Hernández.

En el caso de Andy López Beltrán, la polémica creció por versiones que pretendían relacionarlo con investigaciones sobre huachicol fiscal. La propia FGR ha tenido que salir públicamente a fijar postura sobre investigaciones relacionadas con las redes de contrabando de combustibles, un delito que la Fiscalía describe actualmente como una de las estructuras de corrupción más sofisticadas enfrentadas por el Estado mexicano.

La Fiscalía presume órdenes de aprehensión, cateos, aseguramientos millonarios y nuevas líneas de investigación por esas redes. Godoy incluso ha declarado que “nada ni nadie puede estar por encima del Estado mexicano y sus instituciones”.

Precisamente por eso resulta inevitable preguntar hasta dónde alcanza ese principio.

Gonzalo López Beltrán también ha aparecido en polémicas y denuncias vinculadas a obras emblemáticas del sexenio de su padre, mientras que Adán Augusto López ha enfrentado cuestionamientos públicos por su patrimonio, relaciones políticas y personajes que ocuparon cargos durante su administración en Tabasco. Hasta ahora, esos señalamientos no significan que alguno de ellos sea culpable de un delito; eso tendría que determinarlo una investigación y, en su caso, un tribunal.

Pero ahí está exactamente la contradicción política del discurso de Godoy.

La fiscal asegura que “la ambición personal, económica o política” puede debilitar la soberanía cuando las instituciones son utilizadas para beneficiar a unos cuantos. Sin embargo, la verdadera prueba para una Fiscalía autónoma no consiste en repetir esa frase durante una ceremonia patriótica, sino en demostrar que la ley funciona igual cuando las sospechas alcanzan a adversarios, funcionarios del gobierno o integrantes de la familia presidencial.

La FGR ha intensificado recientemente investigaciones contra redes de huachicol fiscal y sostiene que las indagatorias seguirán avanzando sin importar quién resulte involucrado.

Godoy puso este 15 de septiembre la vara muy alta para su propia institución: combatir la corrupción, impedir que los intereses particulares estén por encima del país y llevar ante la justicia a cualquiera que quebrante la ley.

Ahora falta demostrar que cuando dice “cualquiera”, realmente quiere decir cualquiera.

Porque hablar de independencia frente a una bandera es sencillo.

La independencia de una Fiscalía se demuestra cuando el apellido del investigado deja de importar.