La reunión en Ciudad de México entre Gustavo Petro y Rafael Correa no puede leerse únicamente como un encuentro entre dos figuras de la izquierda latinoamericana. También vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿en qué momento México pasó de ejercer una tradición diplomática de asilo a convertirse en espacio de protección política para dirigentes señalados, investigados o condenados en sus propios países?

Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, la política exterior mexicana ha estrechado vínculos con distintos liderazgos de la izquierda regional, incluso cuando alrededor de ellos existen procesos judiciales, acusaciones de corrupción, conflictos institucionales o señalamientos relacionados con abuso de poder.

Rafael Correa, condenado en Ecuador por corrupción, mantiene desde hace años una presencia política activa fuera de su país. Gustavo Petro dejó el poder en Colombia rodeado de controversias y cuestionamientos sobre su administración y su entorno. Ambos encontraron en México un territorio políticamente cómodo para reencontrarse.

Pero la lista es más amplia.

Evo Morales recibió asilo político en México tras abandonar Bolivia. Familiares y colaboradores del expresidente peruano Pedro Castillo obtuvieron protección diplomática. El gobierno mexicano también concedió asilo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, provocando una de las mayores crisis diplomáticas recientes entre México y Ecuador.

Vistos de manera aislada, cada caso puede explicarse mediante argumentos jurídicos, diplomáticos o humanitarios. Observados en conjunto, construyen una imagen mucho más problemática: México aparece como uno de los principales puntos de respaldo político para dirigentes de una izquierda latinoamericana debilitada electoralmente y golpeada por escándalos judiciales.

Mientras buena parte de la región ha experimentado alternancias políticas y un avance de fuerzas conservadoras o de derecha, México se ha convertido en una especie de retaguardia del viejo bloque progresista latinoamericano.

No se trata solamente de asilo.

Se trata de legitimidad.

Cuando un dirigente cuestionado en su país es recibido, respaldado o políticamente reivindicado desde México, el mensaje regional es claro: todavía existe un gobierno dispuesto a ofrecer interlocución, plataforma y protección a figuras del mismo espacio ideológico.

El problema es que esa solidaridad parece funcionar con un criterio selectivo.

Morena y los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación suelen presentar los procesos judiciales contra sus aliados latinoamericanos como persecución política, golpes institucionales o campañas de las élites. Sin embargo, esa misma presunción de inocencia rara vez aparece cuando los acusados pertenecen a gobiernos o partidos adversarios.

Así se ha ido formando una política exterior donde la afinidad ideológica pesa cada vez más.

México no solamente protege a determinadas figuras extranjeras. También contribuye a mantener viva una red de solidaridad política entre antiguos mandatarios, partidos y movimientos de izquierda que han perdido gobiernos, elecciones o influencia en distintos países de América Latina.

El encuentro entre Petro y Correa simboliza precisamente eso: una izquierda regional que retrocede en varios países, pero encuentra en México un espacio donde reorganizarse, reunirse y conservar respaldo político.

La pregunta ya no es únicamente si México respeta su tradición de asilo.

La pregunta es si Morena ha convertido esa tradición en una herramienta de protección ideológica.

Porque cuando personajes investigados, acusados o condenados encuentran sistemáticamente respaldo dentro del mismo bloque político regional, la frontera entre solidaridad diplomática y complicidad política empieza a volverse peligrosamente difusa.

México corre así el riesgo de dejar de ser visto como mediador de América Latina para convertirse en el refugio político de una izquierda internacional que exige justicia para sus adversarios, pero protección para los suyos.